En el marco de la ceremonia de despedida de los deportistas que vienen representando al Perú en los vigentes Juegos Olímpicos París 2024, que se realizó días atrás en el Palacio de Gobierno, las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte permiten algunas reflexiones.
“Serán 60,000 dólares por ganar una medalla de oro, 50,000 si es de plata y 40,000 para las medallas de bronce. Y para los entrenadores de los medallistas, se considerará 18,000 dólares de conseguirse la presea de oro, 15,000 por la de plata y 12,000 por la de bronce”, fueron las palabras literales de Boluarte, quien estuvo acompañada en la mencionada ceremonia por el ministro de Educación, Morgan Quero, y el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Federico Tong.
Para comprender plenamente las implicancias de estas medidas, es crucial conocer que el IPD es la entidad encargada de regular y fomentar el desarrollo del deporte en el Perú y que su misión incluye la promoción de actividades deportivas a nivel nacional, la gestión de subvenciones y el apoyo a los deportistas de alto rendimiento.
Al respecto, la Ley No. 28036 – Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, en su artículo 70, establece que los deportistas calificados de alto nivel, en actividad o retiro, tendrán derecho a acceder a las distinciones consignadas en la Orden de Laureles Deportivos y a los premios, estímulos y/o distinciones de acuerdo a sus méritos, instituidos por Ley o Resolución del IPD. Esta disposición, por lo tanto, proporciona la base legal para premiar a los deportistas que alcanzan altos niveles de rendimiento y representan al país en eventos deportivos.
En la misma línea, el “Manual de Indicaciones Metodológicas”, aprobado por la Resolución Directoral No. 313-2019-DINADAF/IPD, establece las pautas para premiaciones e incentivos económicos a deportistas según sus logros durante el año, entre las cuales está aquella pauta que exige a los deportistas mantener una conducta ejemplar y no tener sanciones para ser elegibles en estas premiaciones, asegurando así la ética y moral en su representación institucional.
Ahora bien, es sencillo desprender que la actividad administrativa de fomento del Estado en el ámbito deportivo tiene como objetivo promover el desarrollo del deporte competitivo y de alto rendimiento. No obstante, debemos enfatizar que esta actividad de fomento también debe asegurar que los deportistas tengan los recursos necesarios para entrenar y competir a nivel internacional.
Más importante que establecer recompensas económicas, es crucial invertir en infraestructura sostenible que permita el desarrollo del deporte en el país. Esto es, instalaciones deportivas de calidad, programas de formación, salud y capacitación para deportistas y entrenadores.
Dicho esto, la reciente iniciativa del gobierno debería estar sustentada en una planificación a largo plazo que permita garantizar un apoyo sostenido y equitativo a nuestros deportistas, lo que incluye necesariamente el desarrollo de infraestructura sostenible a nivel deportivo.
Es decir, el fomento de una cultura deportiva no puede limitarse a la premiación de logros deportivos, los cuales serán cada vez más eventuales, por lo que el Estado debería incrementar la inversión en sus cimientos, a efectos de lograr un crecimiento sostenido del deporte en el país.
Expuesto lo anterior, seguimos con la interrogante: ¿El Estado fomenta el deporte a nivel olímpico?
En el marco de la ceremonia de despedida de los deportistas que vienen representando al Perú en los vigentes Juegos Olímpicos París 2024, que se realizó días atrás en el Palacio de Gobierno, las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte permiten algunas reflexiones.
“Serán 60,000 dólares por ganar una medalla de oro, 50,000 si es de plata y 40,000 para las medallas de bronce. Y para los entrenadores de los medallistas, se considerará 18,000 dólares de conseguirse la presea de oro, 15,000 por la de plata y 12,000 por la de bronce”, fueron las palabras literales de Boluarte, quien estuvo acompañada en la mencionada ceremonia por el ministro de Educación, Morgan Quero, y el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Federico Tong.
Para comprender plenamente las implicancias de estas medidas, es crucial conocer que el IPD es la entidad encargada de regular y fomentar el desarrollo del deporte en el Perú y que su misión incluye la promoción de actividades deportivas a nivel nacional, la gestión de subvenciones y el apoyo a los deportistas de alto rendimiento.
Al respecto, la Ley No. 28036 – Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, en su artículo 70, establece que los deportistas calificados de alto nivel, en actividad o retiro, tendrán derecho a acceder a las distinciones consignadas en la Orden de Laureles Deportivos y a los premios, estímulos y/o distinciones de acuerdo a sus méritos, instituidos por Ley o Resolución del IPD. Esta disposición, por lo tanto, proporciona la base legal para premiar a los deportistas que alcanzan altos niveles de rendimiento y representan al país en eventos deportivos.
En la misma línea, el “Manual de Indicaciones Metodológicas”, aprobado por la Resolución Directoral No. 313-2019-DINADAF/IPD, establece las pautas para premiaciones e incentivos económicos a deportistas según sus logros durante el año, entre las cuales está aquella pauta que exige a los deportistas mantener una conducta ejemplar y no tener sanciones para ser elegibles en estas premiaciones, asegurando así la ética y moral en su representación institucional.
Ahora bien, es sencillo desprender que la actividad administrativa de fomento del Estado en el ámbito deportivo tiene como objetivo promover el desarrollo del deporte competitivo y de alto rendimiento. No obstante, debemos enfatizar que esta actividad de fomento también debe asegurar que los deportistas tengan los recursos necesarios para entrenar y competir a nivel internacional.
Más importante que establecer recompensas económicas, es crucial invertir en infraestructura sostenible que permita el desarrollo del deporte en el país. Esto es, instalaciones deportivas de calidad, programas de formación, salud y capacitación para deportistas y entrenadores.
Dicho esto, la reciente iniciativa del gobierno debería estar sustentada en una planificación a largo plazo que permita garantizar un apoyo sostenido y equitativo a nuestros deportistas, lo que incluye necesariamente el desarrollo de infraestructura sostenible a nivel deportivo.
Es decir, el fomento de una cultura deportiva no puede limitarse a la premiación de logros deportivos, los cuales serán cada vez más eventuales, por lo que el Estado debería incrementar la inversión en sus cimientos, a efectos de lograr un crecimiento sostenido del deporte en el país.
Expuesto lo anterior, seguimos con la interrogante: ¿El Estado fomenta el deporte a nivel olímpico?