Aprueban las guías, metodología y formatos de evaluación del Modelo de Integridad del Estado / Etapa 3
Mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 005-2024-PCM/SIP, se han aprobado las Guías, metodología y formatos de evaluación de la tercera etapa de medición de avances del Modelo de Integridad. Aunque se esperaba la aprobación de estas herramientas en el primer trimestre del año, finalmente se han hecho públicos los criterios sobre los cuales se aplicará la evaluación de entidades públicas del citado modelo. Ahora las entidades deberán correr para afianzar el cumplimiento normativo o manifestar los desafíos pendientes en el Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP).
La Secretaría de Integridad de la PCM (SIP) ha determinado que en la primera quincena de agosto será publicado el listado de entidades públicas sujetas evaluación del ICP, considerando tres criterios: i) las que ya cuenta con una evaluación; ii) quienes manifiesten su voluntad para ser evaluada; y, iii) y las que hayan recibido asistencia técnica. Esto implica que el universo de entidades para este 2024 puede ser mayor que el de años anteriores.
Se ha dispuesto un cronograma de reportes que empieza en la segunda quincena de octubre, procesándose la información por la SIP en noviembre, validándose la información en diciembre y publicándose los resultados ese mismo mes. Esto implica que se ha determinado que las evaluaciones ahora serán anuales y no semestrales como se había dispuesto con anterioridad.
La norma aprueba también la metodología de evaluación que entre sus principales novedades está que las entidades que por primera vez son evaluadas o las que han obtenido en la última evaluación un puntaje inferior a la calificación de “Apto”, pueden acreditar sus avances hasta la Etapa 3. Vale recordar que las calificaciones de solvencia en la materia van de 0.9 a 1.00, 1,9 a 2.00 y 2.9 a 3.00 en las etapas 1, 2 y 3, respectivamente.
Finalmente se han aprobado las nuevas Guías de las Etapas 1, 2 y 3, que facilitan la forma de evaluación y ayudan a las entidades a proceder con las evaluaciones, así como los formularios respectivos.
Todas estas herramientas van a generar en las próximas semanas un esfuerzo administrativo importante en las entidades a ser evaluadas, particularmente en las Oficinas de Integridad o la que hagan sus veces, a efectos de reportar lo que acontece con el ICP. Recordemos que la evaluación de la SIP de diciembre de 2023 presentó muchos desafíos, destacando los bajos niveles de cumplimiento en la determinación de los riesgos de corrupción, aspecto que es parte esencial del modelo de integridad.
El Modelo de Integridad es un esfuerzo del Estado peruano que se viene desarrollando desde 2018 a través de sus instancias técnicas y bajo recomendación de la OCDE para robustecer la prevención de la corrupción y mejorar la performance de nuestra administración pública.
Benites, Vargas & Ugaz es la primera firma de abogados del país que ha implementado una práctica de Public Compliance cuyo objetivo es asistir a las entidades públicas en la mejora del desempeño en la prevención de la corrupción.
Mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 005-2024-PCM/SIP, se han aprobado las Guías, metodología y formatos de evaluación de la tercera etapa de medición de avances del Modelo de Integridad. Aunque se esperaba la aprobación de estas herramientas en el primer trimestre del año, finalmente se han hecho públicos los criterios sobre los cuales se aplicará la evaluación de entidades públicas del citado modelo. Ahora las entidades deberán correr para afianzar el cumplimiento normativo o manifestar los desafíos pendientes en el Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP).
La Secretaría de Integridad de la PCM (SIP) ha determinado que en la primera quincena de agosto será publicado el listado de entidades públicas sujetas evaluación del ICP, considerando tres criterios: i) las que ya cuenta con una evaluación; ii) quienes manifiesten su voluntad para ser evaluada; y, iii) y las que hayan recibido asistencia técnica. Esto implica que el universo de entidades para este 2024 puede ser mayor que el de años anteriores.
Se ha dispuesto un cronograma de reportes que empieza en la segunda quincena de octubre, procesándose la información por la SIP en noviembre, validándose la información en diciembre y publicándose los resultados ese mismo mes. Esto implica que se ha determinado que las evaluaciones ahora serán anuales y no semestrales como se había dispuesto con anterioridad.
La norma aprueba también la metodología de evaluación que entre sus principales novedades está que las entidades que por primera vez son evaluadas o las que han obtenido en la última evaluación un puntaje inferior a la calificación de “Apto”, pueden acreditar sus avances hasta la Etapa 3. Vale recordar que las calificaciones de solvencia en la materia van de 0.9 a 1.00, 1,9 a 2.00 y 2.9 a 3.00 en las etapas 1, 2 y 3, respectivamente.
Finalmente se han aprobado las nuevas Guías de las Etapas 1, 2 y 3, que facilitan la forma de evaluación y ayudan a las entidades a proceder con las evaluaciones, así como los formularios respectivos.
Todas estas herramientas van a generar en las próximas semanas un esfuerzo administrativo importante en las entidades a ser evaluadas, particularmente en las Oficinas de Integridad o la que hagan sus veces, a efectos de reportar lo que acontece con el ICP. Recordemos que la evaluación de la SIP de diciembre de 2023 presentó muchos desafíos, destacando los bajos niveles de cumplimiento en la determinación de los riesgos de corrupción, aspecto que es parte esencial del modelo de integridad.
El Modelo de Integridad es un esfuerzo del Estado peruano que se viene desarrollando desde 2018 a través de sus instancias técnicas y bajo recomendación de la OCDE para robustecer la prevención de la corrupción y mejorar la performance de nuestra administración pública.
Benites, Vargas & Ugaz es la primera firma de abogados del país que ha implementado una práctica de Public Compliance cuyo objetivo es asistir a las entidades públicas en la mejora del desempeño en la prevención de la corrupción.